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5 diciembre, 2019

Advierten de errores en "Ley Olimpia"

La aprobación de la «Ley Olimpia» en el Congreso de la Ciudad de México, a pesar de tener buenas intenciones para sancionar y castigar el acoso y violencia de género digital, podría traer más problemas que soluciones para las mujeres, señaló Agneris Sampieri, abogada de la R3d en Defensa de los Derechos Digitales.

El martes el Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas a Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México (LAMVLV) , conocida como «Ley Olimpia» y al Código Penal del Distrito Federal.

Dicha ley tipifica como delito la violencia digital y prevé sanciones de hasta nueve o 10 años de prisión a quien comparta, grabé, difunda, reproduzca material de tipo sexual sin consentimiento. 

Al respecto, Agneris Sampieri consideró que la medida es meramente «cosmética que deja bien parada» a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México y a legisladores. 

Dice, la fórmula de la «Ley Olimpia» resulta buena mediáticamente bajo el argumento de buscar combatir la violencia digital de género. 

Sin embargo, la realidad es que a nivel técnico y jurídico «son reformas que no pueden ser aplicadas de forma concreta». 

Revictimiza a mujeres

Sampieri señala que se caería en prácticas que revictimizarían a las mujeres al obligarla a acudir a Ministerios Públicos poco sensibles y capacitados en atención de denuncias en materia de género y porque establece mecanismos poco claros sobre manejo de evidencia. 

La especialistas en temas de derechos digitales, refiere que también en la «Ley Olimpia» se apela a los castigos punitivos, a elevar sanciones en lugar de generar un acceso efectivo de justicia. 

Dice, está latente que existan altos índices de impunidad y se someta a las víctimas a un proceso que puede ser altamente frustrante.

Lo anterior ya que los MP «no están capacitados ni tienen las herramientas para atender a las personas que son víctimas de abuso, y mucho menos si es en línea». 

«Pueden caer en muchas preguntas y estigmatización a las víctimas y decir ‘claro, ese vídeo está en internet porque no debiste grabarlo’, es criminalizar la propia práctica sexual».

Permite la eliminación de pruebas

También Sampieri mencionó que en R3D encontraron fallas en la redacción de las reformas, que contienen mecanismos para la eliminación de las imágenes, que podrían llevar a las pérdidas de pruebas de los casos. 

Explicó que se abren las puertas para que puedan solicitar directamente a las plataformas el bloqueo, la desindexación y la eliminación de pruebas, cuando esto ya es un tema que ya está en la Constitución en los artículos 6,7 y el 13 de la convención interamericana de los derechos humanos en donde se establece que para esto se necesita aprobación judicial.

«Estas reformas en un principio pueden acarrear más problemas y resultar inconstitucionales e incovencionales».

«Algunas plataformas tienen mecanismos para bajar contenido sin la necesidad de eliminarlo y que la prueba siga ahí. No obstante, estas reformas contemplan de forma igual el bloqueo, eliminación y remoción del contenido y si tú le pides a alguien que elimine el contenido, esa prueba va a desaparecer. Al final del día hay una diferencia entre bajar un contenido y eliminarlo».

Además de la revictimización al obligar a las víctimas a acudir ante la autoridad,dice, puede significar la eliminación de las pruebas y no quedara evidencia para perseguir algún delito.

Proceso frustrante

Sampieri señaló que desde R3D buscaron mantener contacto con Olimpia, con los diputados locales involucrados con la reforma y con la jefa de gobierno. 

Pero, lamenta, se realizaron pocos ejercicios «que parecen ser más de simulación y esto es frustrante».

«Nuestras propuestas van desde acudir a los intermediarios, y si se va a bajar contenido, evaluar la posibilidad de que se requiere la autorización judicial para que esté contenido sea suspendido de forma adecuada. Pero, al final del día es un tema bastante complejo que no se puede limitar a las reforma».

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