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31 julio, 2019

Legisladores federales discuten por «Ley Garrote» de Tabasco

Por: Adrián Aguilar Torres

Otra vez por un Congreso local. Esta ocasión, el debate de la Comisión Permanente estuvo centrado en la aprobación de una reforma al Código Penal de Tabasco con la que se busca castigar la extorsión en medio de las manifestaciones. La llamada mediáticamente, “Ley Garrote”.

Hubo dos frentes claros. Y hasta un tercero, uno más dividido entre ambas posturas.

Al ataque se lanzaron el PAN, Movimiento Ciudadano, el PRD y el PRI. Entre las voces más activas, fue la de la Senadora Kenia López -precisamente del PAN-, quien acuñó el adjetivo de que en esta ley “es una sistemática violación a los derechos de los mexicanos por este gobierno”, y añadió, “vamos a pedirle al Ejecutivo estatal, al gobernador de Morena, que recule, que con altura de miras se dé cuenta que se equivocó, que esa iniciativa que hoy ya se aprobó no la publique, que la ‘Ley del Garrote’ violenta los derechos de las mexicanas y de los mexicanos”.

Quien tejió fino fue la Senadora Beatriz Paredes Rangel. Buscó identificar jurídicamente dónde está el meollo del asunto, y concluye que “los artículos permiten la interpretación voluntaria, discrecional y pueden ser utilizados para la persecución política. Y llamó a Morena: “Sólo les pedimos que reflexionen y reconozcan que aunque haya una visión para lograr la armonía social como aquí se dijo, ésta no puede ser de tal manera ambigua, que permita el autoritarismo y la persecución, que es indispensable que haya precisiones”.

Ahí estaban los argumentos en contra. Pero Morena y sus aliados salieron en defensa del congreso tabasqueño. No se dejaron tan fácilmente.

Sorprendentemente y no, fue la participación de la senadora del Partido Verde, Verónica Camino Farjat, quien recordó a los legisladores clases de federalismo: “sí, tenemos que tener la claridad de que cada estado tiene que resolver su problemática como considere y, en este caso, en la parte legal es el Congreso del estado el que lo hace”. La legisladora citó los ejemplos de Yucatán y el Estado de México, donde existen legislaciones similares.

El senador Óscar Eduardo Ramírez, quien por cierto es Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, descartó que vaya existir una persecución de las movilizaciones sociales, y acusó a la oposición de pretender la confusión entre la opinión pública: “¿Cuál garrote? No existe garrote. Cómo vamos nosotros a sancionar, a poner penas severas en contra de la manifestación de ideas, en contra de las marchas”.

Finalmente, quien no se la jugó y se mantuvo en una trinchera más neutra fue el PT, aliado de Morena. La senadora Nancy de la Sierra Arámburo, afirmó comprender ambas posiciones. Tanto de la de los ciudadanos, como a los empresarios que buscan proteger sus inversiones: “La criminalización de la protesta social no puede ser utilizada bajo ninguna circunstancia para proteger la construcción de proyectos gubernamentales por más emblemáticos que sean para cualquier administración. Sin embargo, este derecho a veces puede estar en colisión con otros de igual importancia”. Y agregó, “creo que vale la pena detenernos a ver las dos caras de la moneda, para darnos cuenta que, al final, todos queremos defender derechos fundamentales”.

Sólo fue debate. No hubo un documento de por medio. Palabra y sólo eso: palabras.

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